“Ventanilla Única” bajo presión: plazos, espera y el dolor de los desarrolladores

La tramitación de permisos y licencias para proyectos de construcción involucra a múltiples entidades públicas y requisitos técnicos. Mientras el Gobierno ha establecido metas de aprobación de 60 y 120 días laborables mediante la Ventanilla Única de Construcción, gremios del sector reportan demoras de 8 a 10 meses y casos de hasta dos años en expedientes vinculados a autorizaciones ambientales y turísticas.

Imagen creada con Chat GPT

SANTO DOMINGO.– La obtención de permisos para desarrollar proyectos de construcción en República Dominicana se organiza en torno a un circuito institucional que combina licencias de construcción, visto buenos municipales, y, según la naturaleza y ubicación del proyecto, autorizaciones ambientales y parámetros turísticos, entre otros requerimientos. El propio esquema oficial reconoce la participación de numerosas entidades, por lo que el país adoptó un modelo de “ventanilla única” para integrar trámites y fijar plazos máximos de respuesta.

En agosto de 2023, el Ministerio de la Presidencia informó que el Programa Burocracia Cero presentó como resultado la interoperabilidad de los permisos de construcción coordinados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, habilitando la solicitud en línea de más de 20 trámites y articulando más de 18 instituciones. En esa misma comunicación, el Gobierno señaló una meta de reducción del tiempo de obtención de la licencia de construcción desde 206 días (referencia 2020) a 120 días para proyectos complejos y 60 días para los de menor complejidad, además de reportar un impacto potencial superior a RD$20,000 millones.

La fijación de esos plazos también está contenida en el Decreto núm. 806-21, que dispone que las licencias de construcción gestionadas mediante la Ventanilla Única deben aprobarse en un plazo no mayor de 60 días laborables para proyectos no complejos y no mayor de 120 días laborables para proyectos complejos.

El mismo decreto detalla la composición institucional de la Ventanilla Única de Construcción, enumerando, entre otros, al MIVED (coordinador), MOPC, MITUR, MIMARENA, Salud Pública, MICM, corporaciones de acueducto/alcantarillado, INAPA, empresas eléctricas (EDE/ETED), IDAC, INDRHI, DGII, Patrimonio Monumental, CODIA y ayuntamientos.

A nivel comparativo y metodológico, el reporte Doing Business 2020 del Banco Mundial consignó que, para el indicador “Dealing with Construction Permits” en República Dominicana (ciudad cubierta: Santo Domingo), el proceso implicaba 15 procedimientos y un tiempo estimado de 206 días, con un costo de 2.4% del valor de un almacén estandarizado, además de un índice de control de calidad de edificación de 13/15.

En cuanto a autorizaciones ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente publica requisitos y costos de ingreso de solicitudes por categoría, incluyendo pagos de RD$5,000 para proyectos categorías A, B y C, y RD$2,000 para categoría D, además de señalar que en zonas turísticas se requiere un informe de análisis previo del Ministerio de Turismo con parámetros de uso de suelo. El marco reglamentario de evaluación ambiental se sustenta en la Ley 64-00 y en normas que regulan el proceso de evaluación de impacto ambiental, como se describe en la resolución que modifica el reglamento del proceso de evaluación ambiental.

En paralelo a los plazos oficiales, gremios del sector han documentado públicamente retrasos. El 14 de enero de 2026, la presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, declaró al periódico HOY que la lentitud en permisos y licencias sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de proyectos, con efectos sobre oferta, costo final de viviendas y empleo, y vinculó los atrasos con sobrecostos por intereses. En el mismo reporte, se mencionó que en 2025 se observaron tasas hipotecarias referidas frecuentemente entre 13% y 16%, en un contexto que, según la entidad, presionó el mercado.

Dos días antes, el 12 de enero de 2026, el periódico HOY publicó declaraciones de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon). Su presidente, Eliseo Cristopher, afirmó que los procesos de permisos se están tomando en promedio entre 8 y 10 meses, e incluso hasta un año, y reportó casos de expedientes “dando vueltas” alrededor de dos años en Turismo y Medio Ambiente, además de señalar “cientos de proyectos paralizados” en esas instituciones. En esa misma pieza periodística, dirigentes del gremio atribuyeron parte de los atrasos a falta de coordinación interinstitucional y al incremento de requisitos y solicitudes adicionales durante la marcha del expediente.

En una referencia adicional difundida por Acoprovi a fines de diciembre de 2025, la asociación indicó que los tiempos de aprobación “pueden extenderse hasta 18 meses” y ubicó demoras relevantes en permisos municipales, medioambientales, turísticos y en licencias de construcción, señalando efectos sobre costos financieros y operativos.

La discusión sobre permisos y trazabilidad se conecta, además, con el despliegue de modelos de Ventanilla Única que buscan concentrar trámites, digitalizar procesos y permitir seguimiento en una sola plataforma, como la implementación descrita en el marco de Burocracia Cero y la estructura institucional fijada por decreto.